El motivo aparente detrás de las movilizaciones es el plan del presidente, Joseph Kabila, de modificar la Constitución para presentarse a las elecciones del 23 de diciembre de este 2018, que debían haberse celebrado antes de que acabase 2017, y conseguir su tercer mandato.
Kabila llegó a la presidencia en 2001, después del asesinato de su padre, en el marco de la Segunda Guerra del Congo. Ganó las elecciones de 2005 y repitió victoria en 2011, aunque bajo acusaciones de fraude por parte de su principal oponente, Étienne Tshisekedi y de la Iglesia Católica en el país.
“Desde hace mucho tiempo la Iglesia Católica es la que lleva la oposición en este país”, explica a Protestante Digital una fuente que se encontraba en Kinshasa el día de la primera manifestación, del 31 de diciembre. “Obviamente hay una parte de la iglesia que es corrupta pero, dentro de lo que cabe, hace un gran papel aquí en Congo. Son los que consiguieron el compromiso para que el gobierno de Kabila convocase elecciones antes del 31 de diciembre de 2017. Un compromiso que no se ha respetado”, remarca.
LOS PROTESTANTES, TRADICIONALMENTE DEL LADO DE KABILA
La Iglesia de Cristo en Congo (ECC), que representa a diversas comunidades protestantes del país, siempre ha mantenido buena relación con Kabila, declarado protestante. “La Iglesia Protestante es totalmente cómplice del régimen de Kabila”, señala la fuente consultada por Protestante Digital en el país africano.
Algunos medios regionales apuntan que el sector protestante habría pedido a Kabila una transición en el poder, aunque con un discurso más permisivo que el de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO).
INTERES ECONÓMICOS EN JUEGO
Bélgica, que con Leopoldo II colonizó una parte del territorio congoleño, ha calificado de “represión brutal” la respuesta del gobierno de Kabila a las manifestaciones convocadas por los católicos. Como consecuencia, también la alta representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha emitido un comunicado en el que pide al gobierno de República Democrática del Congo la protección de las personas y no su represión. Un documento al que supuestamente se habría adherido España, tal y como informa El País.
Por el contrario, algunos medios de comunicación regionales acusan a España y a Francia de no haber permitido una declaración conjunta por parte de los 28 estados miembros de la Unión Europea que expresase de manera explícita el rechazo a las acciones del gobierno de Kabila. De hecho han aparecido caricaturas en las redes sociales acusando a Mariano Rajoy y al presidente elíseo, Emmanuel Macron, de neocolonialistas. Incluso se ha llegado a hablar de boicot a Francia.
Según algunas informaciones, el ejecutivo de Kabila habría incluido a una coalición de empresas españolas, liderada por ACS, en una fase del proyecto hidroeléctrico Gran Inga. Esta primera fase, llamada Inga 3, consiste en la construcción de una presa y una central hidroeléctrica en las cataratas Inga del río Congo, con una capacidad de producción de 40.000 megavatios. Una energía que, según denuncia la organización International Rivers, no servirá para el 91% de la población congoleña que vive sin acceso al suministro energético sino que se transportará, a través de viaductos, a 5.000 kilómetros de distancia, hasta llegar a Sudáfrica. «La corrupción prevalece en República Democrática del Congo y esta infraestructura es propensa a ser objeto de especulación», asevera el informe de International Rivers.
Al mismo tiempo, tal como informa la organización, el proyecto Inga 3 podría inundar 22 hectáreas de terreno, provocando el desplazamiento e 35.000 personas, afectando el ecosistema del río y arriesgando las pequeñas actividades pesqueras, de las que viven miles de personas.
