Virginia se ha convertido en el 23º Estado donde la pena de muerte es abolida en la historia de los Estados Unidos. La ley ha sido aprobada por la mayoría de la Casa de los Delegados y del Senado, ambas cámaras controladas por los demócratas, y prevé sustituir la pena capital por una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para los reos.

En el Estado han sido ejecutadas 1.400 personas desde la primera vez que se aplicó esta pena, en 1608, todavía como territorio colonizado, según el Centro de Información para la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés). Solo desde 1977 hasta la actualidad se han aplicado 113 penas capitales en Virginia, convirtiéndose en el segundo territorio actual con un corredor de la muerte más mortífero en Estados Unidos, después de Texas. “Virginia ha tenido la pena de muerte durante más tiempo y ha ejecutado a más personas que cualquier otro Estado. Estamos preparados para poner fin a la pena capital en nuestra jurisdicción de una vez por todas”, ha asegurado el gobernador de Virginia, Ralph Northam.

El Estado se convierte en el primero que elimina la pena de muerte en el territorio del bloque del sur, donde se concentran la mayoría de regiones que permiten esta práctica, como Oklahoma, Georgia, Florida o Texas. “Esperamos que esto tenga un efecto dominó en los Estados vecinos”, ha explicado a Protestante Digital la directora nacional del grupo Conservadores Preocupados por la Pena de Muerte, y también cristiana evangélica, Hannah Cox.

Un nombre de referencia en la historia de la pena de muerte

El último año en el que se aplicó la pena capital en Virginia fue en 2017, cuando se ejecutó a dos personas. “Las acciones de Virginia son históricas y su ubicación geográfica y su pasado muestran que el impulso para la derogación de la pena de muerte ha ganado aún más fuerza en el país”, señala Cox. Esa condición de Estado clave se ha hecho notar en el conjunto de Estados Unidos.

Con la llegada de Biden a la presidencia, y el debate sobre la pena de muerte ya en marcha en Virginia, más de 80 ONG y grupos en defensa de los derechos humanos enviaron una carta abierta al presidente estadounidense para que ponga fin a las ejecuciones por parte del gobierno federal, que el Centro de Información para la Pena de Muerte cifra en 16 desde 1977.

Además, en Wyoming, el senador republicano Brian Boner acaba de presentar una propuesta de ley para abolir la pena capital que se votará el próximo 2 de abril.

“Los Estados son muy competitivos entre sí, ya que quieren atraer a más personas para que vivan y trabajen en su territorio. La pena de muerte supone millones de dólares al año y es un coste de oportunidad que conduce a comunidades menos seguras. Si los Estados alrededor de Virginia quieren atraer gente a sus territorios tendrán que adaptarse a los tiempos”, señala Cox.

“El debate nunca ha muerto”

Desde que el gobierno federal permitió abolir la pena de muerte en 1973, 23 Estados han tomado ya esa decisión. En el caso de que la propuesta de ley prospere en Wyoming, se convertiría en el 24º. Algunos territorios, como Texas, donde se ha ejecutado a 570 personas desde 1977, muestran un uso reiterado uso de este tipo de condenas. Otros, en cambio, han dejado de aplicar la pena capital en la práctica pero no han reconocido el cambio en su legislación, como es el caso del propio Estado de Wyoming, donde no se realizan ejecuciones desde 1992.

“El debate sobre la pena de muerte nunca ha muerto, y los opositores lo hemos estado ganando durante las últimas décadas”, considera Cox, que asegura que “la gran mayoría del país se ha alejado de este tipo de sistema obsoleto y ha adoptado un enfoque más adecuado para prevenir, resolver y tratar la violencia”.

Con 17 ejecuciones en 2020, diez de ellas por condenas emitidas por el gobierno federal, y tres en lo que va de 2021, la de la pena capital sigue siendo una de las peculiaridades complejas en el marco de la sociedad estadounidense. De hecho, el apoyo popular a la pena de muerte ha vuelto a crecer después de encadenar una serie de años en declive, con un 54% de los estadounidenses mostrándose a favor y el 39% en contra, según los últimos datos de Pew Research. En una sociedad de profundas raíces cristianas, señala el pastor y experto en ética cristiana Emmanuel Buch, hay que recordar que “tanto en Estados Unidos como en otros lugares se da una hermenéutica bíblica desenfocada”. “Toda la Biblia es palabra de Dios, pero nuestro criterio hermenéutico esencial es Jesús y desde Jesús; desde Él leemos e interpretamos hacia atrás y hacia adelante”, señala.

El principio de “indisponibilidad de la vida” y el impacto de la ética cristiana

El debate permite la reflexión desde diferentes perspectivas sobre la vida y la muerte y ha ido atrayendo cada vez a más voces de líderes cristianos en el país. “Vemos un número de líderes cristianos en aumento que hablan contra la pena de muerte. Son voces importantes que luchan por la reforma”, subraya Cox, que también explica que desde el grupo Conservadores Preocupados por la Pena de Muerte llevan años trabajando con iglesias evangélicas y que “muchas de ellas han cambiado su postura sobre la pena muerte o han trabajado junto a nosotros para que se derogue”.

Aunque “el rechazo a la pena de muerte bien podría justificarse por el nulo efecto disuasorio que tiene en los países donde se aplica”, recuerda Buch, “hay un principio cristiano que ilumina esta cuestión: la inviolabilidad de la vida humana, creación de Dios, sustentada por Dios y que solo a Dios pertenece”. “Esta verdad tan evidente en toda la Escritura ayuda a entender el rechazo, así a la pena de muerte como a toda forma de atentado contra la vida, aún la propia. Podemos llamar a este principio la ‘indisponibilidad de la vida’. No podemos disponer de la vida del nonato, ni del enfermo desahuciado, ni del humano que se comporta inhumanamente, ni de la propia vida, como en el caso del suicidio, porque la vida humana no es una mercancía, un bien de ‘libre disposición’, sino un tesoro ‘prestado’ por Dios”, apunta Buch.

Desde el grupo Conservadores Preocupados por la Pena de Muerte, Hannah Cox también remarca la incapacidad de la pena de muerte para encajar en cualquier cosmovisión que se base en “una ética de vida humana coherente, religiosa o no”. Cox señala el valor de la ética cristiana a la hora de reforzar una defensa ética de la vida ante la cuestión de la pena capital.

“Una vida humana no pierde valor porque una persona haga algo mal. Si ese fuera el caso, todos mereceríamos la pena de muerte. Más bien, vemos a los cristianos profesar que todo pecado es igual y conduce al infierno si no es por el regalo de la salvación de Jesús. No hay excepciones a ese regalo. La resurrección de Jesús fue lo suficientemente grande como para cubrir todos los pecados. La creencia en la posibilidad de la redención se extiende necesariamente a aquellos cuyos pecados son grandes o pequeños, y cualquier persona que profese esa fe debe apoyar activamente el cambio y la posibilidad de salvación en la vida de una persona en el momento de trabajar en su corazón. La pena de muerte elimina tal posibilidad”, defiende.

Buch apunta que “a menudo, la justificación de la pena de muerte aún tiene mucho que ver con la reivindicación de la sacralidad de la ley del talión, que aparece en la Biblia pero que como cristianos tenemos que considerar desde la perspectiva que nos ofrece Jesús, que Él da el verdadero y pleno sentido a la Ley”. En este sentido, este pastor evangélico considera que los principios de la ética cristiana para la vida se deben aplicar en todos los ámbitos de la existencia del ser humano. “El principio de indisponibilidad de la vida debería inspirar la posición de los cristianos en medio de la sociedad en la reivindicación del respeto absoluto a la vida humana en todos sus estadios y circunstancias; reivindicación de la vida humana y reivindicación igualmente de condiciones humanas para todas las vidas frente a toda forma de explotación, humillación o discriminación”, dice.