La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha publicado un comunicado en el que critica la participación de autoridades públicas y cargos responsables del ejército y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en algunos de los actos católicos celebrados durante la Semana Santa. En concreto, la Federación destaca la presencia de los ministros de Justicia, Defensa, Educación e Interior en algunas procesiones como un hecho que “no sólo daña la imagen de la aconfesionalidad del Estado español, sino que vulnera el espíritu y la letra de nuestras normas de convivencia democrática”. En este sentido, FEREDE apela a la discreción y la particularidad que, considera, debe caracterizar la expresión de devoción pública por parte de cualquier persona responsable de un cargo púbico.
Una línea que coincide con la de la Alianza Evangélica Española, que pide cautela y prudencia a las autoridades cuando deciden participar, tan sólo, en unos determinados actos relacionados con una determinada confesión. “Si los ministros asisten a los actos centrales del año litúrgico católico, deben establecer un programa de asistencia similar a todas las manifestaciones centrales de las diferentes comunidades religiosas”, defiende el secretario general de la Alianza, Jaume Llenas. Además, desde la Alianza se muestran partidarios de una presencia de cargos públicos en actos de carácter no cúltico, como conferencias, antes que en celebraciones cúlticas.
Por otro lado, la Federación también hace especial referencia a la participación militar en actos de celebración católica. “La identificación religiosa de las Fuerzas Armadas, con sus uniformes, himnos, símbolos y banderas que pertenecen y representan a todos los españoles, resulta ofensiva por discriminatoria para millones de ciudadanos que profesamos otras creencias religiosas, afectando de manera negativa a la convivencia y a la unión de todos los españoles”, puede leerse en el comunicado. Además, denuncia que se otorgue el estatus militar a ese tipo de actos, lo que supone que la asistencia sea obligatoria.
RETROCESO EN MATERIA DE PLURALISMO
En su escrito, FEREDE apunta a un “lamentable retroceso a posiciones confesionales e identitarias propias de otros tiempos” y añade que “con este tipo de gestos que se repiten una y otra vez, lejos de avanzar en la separación Iglesia-Estado, España pareciera caminar en la dirección contraria”.
También denuncia que sus denuncias al respecto “hayan caído, hasta ahora, en los oídos sordos de todos los Gobiernos de la etapa democrática” e insiste en su reclamación de establecer “un protocolo claro, preciso y no abierto a interpretaciones particulares, que regule la participación o no de los cargos públicos y los representantes de las instituciones del Estado en cualquier acto de carácter religioso”.
Por su parte, desde la Alianza relacionan estos hechos con el ejemplo histórico de cultura católica que se ha vivido en algunos estados europeos, entre ellos el español. “Esto sigue siendo notorio en un país como España en el que queda mucha tarea por hacer. Desde nuestra constitución, que sigue haciendo mención a la religión mayoritaria, hasta la práctica de tantas autoridades que siguen nombrando vírgenes como alcaldes perpétuos. Esta forma patrimonialista, que se viste de tradiciones populares, afecta a la igualdad de los ciudadanos, de forma que algunos reciben atención prioritaria sobre los otros. Parece que la normalización religiosa sigue lejos de nuestros horizontes. Nos movemos entre dos extremos, entre los restos de una confesionalidad del Estado y el laicismo excluyente”, reitera Llenas.
IGUALDAD TAMBIÉN PARA EL CATOLICISMO
La Federación también se muestra preocupada por cómo la diferencia de trato, que asegura existir, entre Estado y confesiones puede afectar negativamente al colectivo católico que, dice, se ve favorecido y esto, interpreta, demuestra poco respeto por parte del Gobierno. “Pedimos que el Estado les respete de igual manera, dispensándoles un trato neutral, igualitario y no privilegiado, que es la mayor forma de respeto que un Estado democrático puede ofrecer a los ciudadanos de cualquier confesión religiosa”, se remarca en el comunicado.
En este sentido, la Alianza exige una actitud diferente en las comunidades evangélicas del país, y a favor de trabajar para la independencia confesional. “Cuando nosotros queremos lo mismo que ellos, nos olvidamos de que no hemos sido enviados a parasitar el Estado, sino a liberarlo de las ataduras que éste tiene a diversos tipos de poderes que coartan su independencia. Debemos trabajar para un modelo de Estado aconfesional, que no financia a las distintas confesiones con dinero público”, explica Llenas.